Argumentan que de no hacerlo, ‘se le considerará cómplice en la comisión de genocidio, crimen de lesa humanidad’
Organizaciones, asociaciones y colectivos sociales, encabezados por Mexicanos Unidos, pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que cumpla con la obligación que le impone la ley suprema de la República y rompa relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y de asistencia militar y policial con el gobierno de Israel, “pues de no hacerlo, se le considerará cómplice en la comisión de genocidio, crimen de lesa humanidad”.
En una carta entregada en el Palacio Nacional, las organizaciones establecieron que México no puede abandonar su tradicional política de defensa de los derechos a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y a los derechos humanos de todas las personas.
“Todos los gobiernos, hasta los más corruptos e impopulares, cumplieron con el mandato constitucional en esta materia. México rompió relaciones con la España fascista, en 1939, con la Alemania Nazi en 1941, con la Sudáfrica racista y su inhumano Apartheid en los 1970s, con las dictaduras militares de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, a partir de 1973. El 10 de noviembre de 1975, hace 50 años, México votó a favor de la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, que definió al sionismo como una forma de racismo”, señalaron.
La carta, leída frente a los medios afuera del Palacio Nacional por Porfirio Martínez, presidente de Mexicanos Unidos, establece que hace unos días la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, de la ONU, basada en investigaciones materiales y objetivas, declaró que en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino; con lo que se confirma lo que afirman los pueblos del mundo, a viva voz: no es una guerra, es genocidio: “Usted reconoció este hecho y así lo declaró el 22 de septiembre del presente año”, recordaron.
Por ello, expresaron, la presidenta está obligada a cumplir con varias disposiciones contenidas en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como la Carta de Argel, los Convenios de Ginebra; el Estatuto de Roma, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, así como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, por encima de cualquier consideración de orden económico o político.
