Detrás del discurso de «renovación» que abandera el senador Luis Fernando Salazar, hay un dato que no aparece en sus redes sociales ni en sus ruedas de prensa: su presunto vínculo con un negocio clandestino de máquinas tragamonedas y expendedoras de peluches, desmantelado por los gobiernos de Coahuila y Torreón.
La molestia del senador de Morena, lejos de estar fundamentada en principios, parece motivada por el cierre de una fuente de ingresos operada en conjunto con líderes de la CATEM Durango, organización sindical que no solo lo financia, sino que ha sido su aliada electoral desde hace años.
Ahora, en plena precampaña, Salazar busca la alcaldía de Torreón. Pero más que un proyecto político, parece una jugada para recuperar control territorial y abrir espacios de operación a sus socios. El discurso anticorrupción pierde fuerza cuando el trasfondo huele más a negocio que a convicción.
Torreón no necesita un administrador de tragamonedas, necesita un gobierno.
