Colectivos denuncian 5,800 casos anuales de violencia en Tabasco y piden acción urgente ante feminicidios e impunidad.
Colectivos feministas se manifestaron este jueves frente a la Fiscalía General de Tabasco para exigir mayor atención a las denuncias de violencia de género y familiar, en vísperas del 8 de marzo. En su posicionamiento, destacaron que la violencia contra las mujeres es una “violación de derechos humanos” que afecta a todas, sin distinción de edad o clase social, y abarca desde agresiones físicas hasta violencia económica y psicológica. “Es urgente que las autoridades garanticen justicia y prevención”, enfatizaron.
Según datos presentados, en 2024 se registran 31 casos diarios de violencia en Tabasco, sumando 5,800 anuales. El INEGI revela que el 70% de las mujeres sufre violencia a lo largo de su vida, siendo la psicológica la más frecuente, seguida de la sexual y física. “Estas cifras evidencian una crisis sistémica que exige respuestas inmediatas”, señaló una representante. Sin embargo, solo el 22% de las víctimas busca ayuda, y de ellas, menos del 10% logra una resolución favorable, dejando en la impunidad la mayoría de los casos.
Las activistas criticaron la lentitud en las investigaciones y la falta de políticas efectivas. “En México, 797 feminicidios fueron registrados en 2024, pero la impunidad sigue siendo la norma”, alertaron, citando al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Exigieron al gobierno estatal implementar protocolos ágiles para atender denuncias, proteger a víctimas y sancionar a agresores. “No podemos normalizar la violencia; cada caso sin resolver es un fracaso institucional”, afirmaron.
El llamado coincide con preparativos para el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se espera una movilización masiva en Tabasco. Los colectivos pidieron al gobernador Javier May Rodríguez priorizar presupuestos para refugios, capacitación policial y campañas de conciencia. “Queremos acciones, no solo discursos. Las mujeres merecemos vivir libres de miedo”, concluyeron, mientras entregaban un documento con propuestas concretas a la Fiscalía. La sociedad civil espera que esta presión obligue a cambios reales en un sistema que, hasta ahora, ha fallado a las mujeres.
